Proyectos con "Licencia Social", ganancia para todos

Por: Vicente Ferreyra, director de Sustentur
Uno de los conceptos que en los últimos años se ha hecho fuerte en materia de ética y Responsabilidad Social Empresarial es la “Social Licence to Operate” (SLO, por sus siglas en inglés) o simplemente conocida como Licencia Social.
Este concepto, de acuerdo al European Business Ethic Network se refiere a “la aprobación de las personas o grupos afectados por actividades empresariales con un fuerte impacto en su vida o bienestar”.
Por supuesto, este concepto, como muchos otros relacionados a la RSE, va más allá de la legitimidad legal, que siempre requieren tener los proyectos, pero entra en el terreno de la legitimidad social, que en muchas ocasiones puede llegar a validar o detener ciertos proyectos.
Y hablo de este tema en relación con el polémico proyecto de Malecón Tajamar, donde recientemente se realizó el desmonte de varias hectáreas de manglar, con el amparo de las autoridades; acción que provocó el rechazo de vecinos del lugar y un sector de la sociedad.
Dicen los estudiosos que la Licencia Social es intangible, a menos que se lleven a cabo esfuerzos para medir estas creencias, opiniones y percepciones y que finalmente, es dinámica y no permanente, porque las creencias, opiniones y percepciones seguramente van a cambiar a medida que se adquiera nueva información. Por lo tanto, la Licencia Social debe ser ganada y mantenida desde el proceso de diseño de los proyectos hasta su operación.
Hemos escuchado muchas opiniones acerca de que Cancún está construido en gran parte sobre áreas de humedales, o vulnerables, y es cierto, en el pasado se ha desarrollado en zonas vulnerables, un poco porque anteriormente la ley no era tan estricta, un poco porque nuestros modelos de desarrollo no han evolucionado, y un poco porque la presión social era menor; pero también es cierto que hoy, como nunca antes, tenemos información sobre la importancia de nuestros recursos naturales, y la población está dispuesta a aprender de los errores del pasado, lo cuál al parecer no sucede con otros sectores.
También es cierto que en el tema de Malecón Tajamar hay mucha desinformación; como en otros casos sociales y ambientales (y no es crítica sino una gran realidad que nos sucede a todos) nos dejamos llevar más por el impulso que por analizar fríamente hechos.
Sin entrar a los detalles legales, que no son nuestra área de incidencia y que corresponden a los especialistas, vale la pena plantear que hubiera pasado o que debiera pasar para que este tipo de proyectos no sean repudiados por la población, y una vez obtenidos los permisos legales, se generen procesos de involucramiento ciudadano y de ganancia para todos los involucrados.
El hubiera no existe, me dirán, y el daño está hecho, y coincido con ello, pero hagamos un ejercicio de reflexión que tal vez ayude a que en el futuro, todos los actores involucrados podamos avanzar en procesos donde, como mencionan dos de los principios más importantes de la sustentabilidad, se informe a todos los involucrados, y la sociedad sea tomada en cuenta en la toma de decisiones.
El caso de Malecón Tajamar además es sintomático de una realidad de nuestra ciudad; si revisamos el proyecto inicial de este desarrollo, veremos que los terrenos desde su concepción, fueron planteados con un fin comercial; aquí, una de las cosas interesantes, es que los cancunenses hicimos público un espacio que no lo es, debido a la falta de sitios de esparcimiento y de sana convivencia en nuestra ciudad.
La falta de previsión y no tomar el tiempo para explicar el destino de estos terrenos y planear mejor su construcción, la urgencia de los dueños de los predios por utilizar sus derechos adquiridos en el pasado y que vencen en unos días, y una sociedad con cierta conciencia ambiental que quiere una mejor ciudad para vivir, generaron un cocktail explosivo, que no tardó en detonar.
Imaginemos que pasaría si las cosas se hubieran hecho de forma diferente; si los promoventes hubieran planteado una adecuada campaña de comunicación sobre este tema, si se hubiera dado a conocer que de las 59 hectáreas no todas tienen esos permisos ambientales, si se hubiera planteado la construcción de esta infraestructura con estándares de sustentabilidad y respetando áreas de manglar (que sí se puede, y se cuenta con las herramientas para hacerlo), si se hubieran destinado estas hectáreas sin permiso como zonas de restauración y conservación, y el predio hubiera tenido un adecuado programa de protección de especies y de rescate de aquellas importantes.
No olvidemos otros dos temas que nadie ha tocado y que son importantes: el primero, que en la zona aledaña a Malecón Tajamar, existe un Área Natural Protegida, decretada en 2005 y que se llama Manglares de Nichupté, que cuenta con más de 3,300 hectáreas que sirven de buffer a esta zona de la ciudad, y que la protege de la vulnerabilidad; el segundo, que desde hace años FONATUR donó varios predios para el desarrollo de un Parque Urbano, el famoso Parque Cancún, que tendrá una extensión de 107 hectáreas destinadas al uso común (casi el doble de las que Malecón Tajamar tiene).
¿Qué hubiera pasado si autoridades, promoventes y sociedad civil hubieran trabajado en conjunto en un Plan de Desarrollo no solo de este espacio, sino de la región en general? ¿Si los empresarios hubieran “adoptado” para este predio la “Guía de Planeación, Diseño y Construcción Sustentable del Caribe Mexicano”, elaborada hace unos años por SEDETUR y Amigos de Sian Ka’an, y hubieran generado un proyecto en armonía con la naturaleza? ¿Si, como compensación a los trabajos en estos predios, se hubiera generado un fondo para el desarrollo de este parque público y medidas de restauración del ecosistema? ¿Si se hubiera informado a la ciudadanía de los destinos de los predios, y de las medidas para que no se impactara tanto la flora y la fauna?
Tal vez el proceso hubiera sido largo y con un costo de inversión por parte de los interesados y, aunque no dejaría de haber impacto en la zona, se hubiera minimizado; sin embargo, el no haberlo hecho, el no informar, el no consultar especialistas, el no considerar que hoy no pueden seguirse planteando los proyectos como hace años, ha tenido un costo muy alto no solo para los inversionistas y la autoridad en sus tres niveles, sino para una ciudad que merece procesos de desarrollo menos invasivos con el medio ambiente, y tomando en cuenta la opinión de su población.