Lecciones del proyecto Tajamar en Cancún


Por: Alejandra Serrano *

A pesar de lo polémico que ha sido el caso Tajamar y la polarización que se creó entre comunidad, sociedad civil, autoridades y desarrolladores, el caso representa una gran oportunidad para demostrar que crecimiento económico, conservación, legalidad y protección de derechos humanos ya no pueden concebirse de manera separada en las inversiones que se promueven en nuestro país. Entre las grandes ganancias del caso me parece importante resaltar los siguientes:

Salud de los ecosistemas como parte del derecho a un medio ambiente sano. Desde 2011 el artículo cuarto constitucional reconoce que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, obligando al Estado a garantizar el respeto a este derecho. La sentencia de Tajamar retoma lo postulado por el Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente de la Organización de Estados Americanos, al reconocer que el derecho a la vida y a la salud imponen a los Estados deberes relacionados con el medio ambiente, pues deben abstenerse de llevar adelante acciones que provoquen degradación ambiental ya que la calidad e incluso posibilidad, de vida del ser humano depende en gran medida de su entorno.

Interés legítimo colectivo. Uno de los grandes retos legales en México para la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano, ha sido el reconocimiento del interés jurídico de los ciudadanos para acceder al juicio de amparo pues el criterio que ha prevalecido es que no se comprueba tal afectación directa al derecho del demandante y se opta en muchos de los casos por negar la admisión para su revisión. La sentencia de Tajamar de manera clara explica y reconoce que los Intereses difusos y colectivos corresponden a personas indeterminadas pertenecientes a ciertos grupos sociales, es decir, la afectación es indivisible. Así mismo el documento señala, que el interés legítimo requiere de una afectación en la esfera jurídica ya sea porque la intromisión es directa o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico no exclusivamente en una cuestión patrimonial. El Tribunal Colegiado reconoce con esto que el incumplimiento de la legislación ambiental aplicable en nuestro territorio sí es de interés de los ciudadanos y tenemos derecho al acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente protegidos, como lo es la conservación de los manglares de Tajamar.

 El principio precautorio no es una leyenda urbana. Desde 1992, el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo señala que, “con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Este principio destaca la importancia de evitar el deterioro del medio ambiente, como señala la sentencia pues esto resulta una condición necesaria para el disfrute de otros derechos. Resulta indiscutible que las autoridades tienen la obligación de verificar la información técnica que está a su alcance, en 2005 existía información técnica disponible para que la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental (SEMARNAT) evitara el deterioro ambiental ocasionado al ecosistema de manglar pues en la misma Autorización de Impacto Ambiental reconoció que el predio estaba integrado en su mayoría por vegetación hidrófila (manglar primario, secundario, conocarpus-rizophora).

Información es poder.  El que los ciudadanos tengan acceso pleno y oportuno a la información no solo es un derecho reconocido en nuestra legislación, sino que en este caso hace es evidente que esto asegura la viabilidad de un proyecto a largo plazo. Tomó 10 años para que los habitantes de Cancún conociéramos las implicaciones de la autorización otorgada en 2005, y esto a raíz de la repentina tala de manglar, la afectación ambiental y económica generada con la autorización de Tajamar se habría evitado si se hubiera asegurado el acceso a la información y a la participación ciudadana.

Lo barato sale caro. La corrupción y especulación de la tierra son factores que detonan muchas veces inversiones en sitios inadecuados, el conseguir la tierra a precios baratos o un permiso que va más allá de lo permitido han sido una constante que aparentemente facilitan el llevar a cabo un proyecto, sin embargo, como bien lo demuestra Tajamar, a largo plazo se pueden tener graves consecuencias para los inversionistas y la población.  Para diseñar los proyectos de manera adecuada es fundamental contar con asesoría técnica- jurídica ética y profesional, la cual tal vez pueda resultar más costosa pero definitivamente dará la tranquilidad de que la inversión será viable a largo plazo.

Cuesta más pedir perdón que pedir permiso. Mucho se ha hablado sobre los malos ejemplos de inversiones que han optado por ver como parte del costo de proyectos el pago de multas y sanciones para no cumplir con la legislación ambiental, y así continuar con sus proyectos irregulares. La orden del Tribunal Colegiado de restituir la zona de manglar afectada en Tajamar en un tiempo razonable no solo ayuda a romper este círculo vicioso, sino que obliga a las autoridades competentes a aplicar a futuro la restauración como medida no negociable para la verdadera reparación del daño.

Todos ganan. La sentencia de Tajamar debe ser vista no solo como una victoria de los habitantes de Cancún, sino también de la sociedad civil, autoridades, desarrolladores y profesionistas que día a día trabajamos por la calidad de vida y el desarrollo sostenible en nuestro país.

Sobre el autor: Lic. Alejandra Serrano Pavón es especialista en Derecho Ambiental y Política Pública.

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junio 26th, 2017

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